Aseime solicita que las administraciones públicas incluyan en sus contrataciones el pago a los subcontratistas

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09/07/2014

La Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas de Menorca ha dirigido escritos al Govern Balear, al Consell Insular y a los ocho Ayuntamientos de Menorca.

La Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas de Menorca, ASEIME, ha solicitado de todas las Administraciones públicas con incidencia en Menorca que incluyan en las cláusulas administrativas de sus contrataciones la comprobación que los subcontratistas hayan cobrado por los trabajos realizados a los contratistas.

Al respecto, la Asociación empresarial recuerda que es de todos conocida la problemática existente en el ámbito de la contratación administrativa en garantizar el cobro de las cantidades adeudadas por los trabajos que realizan las empresas subcontratistas en los contratos que realizan entre otros destinatarios para las Administraciones públicas.

En ese sentido la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo una serie de medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores.. Para ello, entre otras previsiones, modificó diversos artículos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Entre otras novedades, recoge la posibilidad de que las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes puedan comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos han de efectuar a los subcontratistas o suministradores que participen en ellos. Al respecto, a solicitud del ente público contratante, los contratistas deberán aportar justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores, una vez terminada la prestación.

Por ese motivo, ASEIME ha solicitado de las Administraciones públicas que, al igual que ya han recomendado algunas Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en los pliegos de condiciones de los contratos  se recojan los nuevos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de garantizar el cobro por parte de los subcontratistas.

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